Colombia debe adelantar sus reformas estructurales en vez de caer en la complacencia del “baloto-petrolero”, que bien puede desvanecerse rápidamente, sostuvo un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF.
El centro de estudios económicos señaló que el propio Banco de la República mencionó recientemente que el déficit externo de 3.6% del PIB del primer semestre de 2018 luce todavía muy elevado, lo cual preocupa también a inversionistas externos.
Lo que está en juego es ni más ni menos que la preservación del grado de inversión para Colombia, señala el informe del tanque de pensamiento.
Prevenir contagios
Para ANIF a lo largo de 2018, las economías más afectadas han sido las frágiles de Turquía, Argentina y Brasil.
Ahora deben evaluarse los riesgos de posible contagio de aquellas economías que, como Colombia, muestran problemas de sostenibilidad en sus déficits gemelos externos-fiscales.
Hasta el momento, los mercados le vienen dando el beneficio de la duda a Colombia, a la espera de la calidad de las Reformas que impulse la Administración Duque en los frentes tributario, laboral y pensional.
El riesgo para Colombia es que el alza de 42% en el precio Brent (US$73/barril en 2018 vs. US$54 en 2017) termine siendo un “somnífero” que adormile los ánimos reformistas que había anunciado la Administración Duque.
Postergar las reformas estructurales a la espera de que “este maná del cielo” sirva para cerrar las brechas fiscales sería claramente irresponsable y podría costarle a Colombia su grado de inversión durante 2020.
El grueso del ajuste en el frente externo ha provenido de mejores términos de intercambio y de la contracción en las importaciones (2014-2016), pero poco se ha visto de diversificación exportadora o de incrementos en sus volúmenes.
De hecho, el valor de las exportaciones no tradicionales continúa estancado en niveles de los US$12.500 millones/año desde hace un quinquenio.
Si bien la Inversión Extranjera Directa ha logrado financiar el grueso de esos faltantes, habría que descontar los efectos de “una sola vez” de la privatización de Isagen (US$2.500 millones en 2016) y de las multas de la telefonía celular (US$1.600 millones en 2017).
Apoyado en la liquidez global, Colombia se ha visto particularmente beneficiada por la duplicación del capital offshore durante 2015-2018, alcanzando ahora US$25.000 millones (cerca del 26% del mercado de TES). Incluso así, el stock de la deuda-externa de Colombia bordea el 36% del PIB y computada a PPP es de 40% del PIB (récord histórico tan solo equiparable al período 2002-2003, pos-crisis hipotecaria de Colombia).
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