La experta tributaria, Olga Lucía Salamanca, advirtió que Colombia debe esperar cómo avanzan estas negociaciones y no precipitarse a incluir propuestas de este tipo que podrían dejarlo en un nivel competitivo inferior a otros países.
Colombia debe esperar a que haya una definición desde la OCDE en relación a los impuestos a servicios digitales antes de incluirlo en las normas tributarias del país, so pena de quedar desalineado con las políticas desde esa organización.
Así lo consideró la directora de Política y Defensa Comercial de Araújo Ibarra, Olga Lucía Salamanca, en un conversatorio de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en donde se abordaron varios temas tributarios contenidos en la revista digital Business Mail.
De acuerdo con Salamanca, “desde el punto de vista de nuestra reforma tributaria, lo mejor sería seguir las recomendaciones de la OCDE, pero esperar realmente hacia dónde va a llegar esta discusión antes de precipitarse a incluir propuestas que nos dejen en un nivel competitivo inferior al que finalmente se negocie con otros países”.
Recordó que con la llegada del nuevo Gobierno de Estados Unidos en enero pasado, hubo un giro en la posición radical que venía teniendo el expresidente Trump en este tema hacia una narrativa mucho más conciliadora por parte del presidente Biden, lo que, “sin duda, nos va a llevar a tener un espectro mucho más amplio en estas negociaciones y, ojalá, llegar a un acuerdo lo antes posible”.
Y es que, según Salamanca, EE. UU. ya está de acuerdo en empezar a revisar una tasa global, pero con un punto muy importante y es que no solamente se graven las grandes corporaciones americanas, sino que sea un tributo que, de manera transversal, se aplique a todos los prestadores de servicios digitales. “En esa posición, pueden avanzar más rápido estas negociaciones en la OCDE y Colombia debería seguir estas recomendaciones, seguir muy atento estas discusiones”, aseguró la experta de Araújo Ibarra.
Agregó que, en muchos países, incluido Colombia, este tema ya empieza a estar en el radar, por lo que, “seguramente, en los próximos meses va a estar muy a la orden del día en los debates de la reforma tributaria la necesidad o no de adoptar este tipo de impuestos a los servicios digitales”.
En su artículo para la revista Business Mail de AmCham Colombia, Salamanca explicó que actualmente hay cerca de 130 países analizando el tema y en la OCDE se fijaron como plazo el primer semestre de 2021 para llegar a una definición.
Consumidores, ¿los más afectados?
En este sentido, Salamanca advierte que uno de los efectos que traería la implementación en Colombia de este tipo de impuestos es el impacto que generaría en los usuarios de servicios digitales y en las compañías que cada vez más están buscando este tipo de canal de comercialización.
“Se ha visto que esta tasa que impuso Francia en 2019 sí generó un traslado de ese sobrecosto en los servicios a los consumidores; compañías como Amazon y Apple transfirieron parte de ese impuesto en la prestación de esos servicios a sus consumidores. Es importante, entonces, analizar con mucho cuidado hasta dónde podría impactar en Colombia a los usuarios y las compañías que usan estos servicios”.
La necesidad de revisar este impuesto en el país radica también en el importante recaudo tributario que generaría. “Según las proyecciones de la OCDE, en el evento en que se llegue a un acuerdo donde se cree una tasa mínima impositiva a nivel global, que se está hablando de un porcentaje casi del 12%, esto llevaría a unas cifras de recaudo estimado de 100.000 millones de dólares”, explicó Salamanca.
Las perspectivas hacia la próxima reforma tributaria
Al respecto, Ángela Sánchez, socia de PwC, coincide en que la implementación de acciones en materia de economía digital, junto con el incremento en la base de declarantes en renta, un impuesto al patrimonio no solo para las personas naturales sino también jurídicas y el incremento en el gravamen a las pensiones, son algunos de los planteamientos que ya han sido contemplados en el comité de expertos para la próxima reforma tributaria en Colombia.
“Asimismo será clave, desde el punto de vista tributario, el apoyo que pueda implicar el cambio de política con el presidente Biden. En este sentido, la ampliación de los tratados para evitar la doble imposición sigue cobrando mucha importancia, por lo que, también estamos a la expectativa del desarrollo de un posible tratado entre Colombia y EE. UU, y también algunos tratados con Europa”, expresó Sánchez.
Precisamente, frente a los tratados de doble imposición suscritos por Colombia, de acuerdo con Susana Casas, asociada de Holland & Knight Colombia, viene surgiendo una preocupación frente a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida que, en términos generales, contiene la obligación de ambos estados contratantes de extender de forma automática determinada estipulación más favorable que cualquiera de los contratantes acuerde con posterioridad con un tercer estado; pero, que puede generar ciertos conflictos de interpretación que, de hecho, ya se están empezando a evidenciar entre administraciones tributarias, entre ellas la de Colombia.
“Estos diferentes tipos de interpretaciones que ha tenido la Dian en convenios como el suscrito con Chile, generan conflictos y la mejor forma de resolverlos es atendiendo a lo que el mismo convenio dice y es que los Estados se sienten y lleguen a una conclusión, así esta sea no aplicar la cláusula de nación más favorecida, pero que sea la misma interpretación de cara a los dos Estados que están firmando el tratado de doble imposición y así evitar posibles controversias que, en últimas, sólo afectan a los contribuyentes”, advirtió Casas.
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