“Para avanzar en lo que Colombia puede y debe hacer, es necesario tomar decisiones en beneficio de todos, por encima de intereses particulares. Esta crisis no será la última. Es momento de trabajar unidos y con constancia para hacer de este un país más equitativo, competitivo y resiliente”. Así lo afirmó la presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Rosario Córdoba, en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2020-2021: una publicación anual del centro de pensamiento, con análisis y recomendaciones de política pública para impulsar el desarrollo equitativo y sostenible de Colombia a través de la productividad y la competitividad.
Esta edición del informe, la decimocuarta desde que se creó el Consejo en 2007, combina el enfoque usual sobre los elementos estructurales que determinan la competitividad, con el análisis de la crisis por el COVID-19 y su relación con 16 temas clave para el país.
La pandemia ha tenido un enorme impacto a nivel global. Además del efecto sobre la salud y la vida, están los impactos en desaceleración económica y retrocesos sociales, empleo, y pérdidas de aprendizaje y de ingresos futuros para millones de niños y niñas.
En su presentación, la presidenta del CPC señaló que la competitividad es importante porque los países más competitivos son a su vez los de mayores ingresos, equidad de oportunidades y satisfacción con la vida. Se trata de la capacidad de una economía de crecer de forma inclusiva y sostenible, de modo que toda la población se beneficie del crecimiento económico.
Además, destacó que “las economías más competitivas han estado mejor preparadas para hacer frente a la crisis”. De hecho, las naciones con mayores capacidades institucionales, sistemas de educación y salud efectivos y de calidad, y mercados eficientes y flexibles no solo han estado en mejor condición para soportar el embate inicial de la pandemia; también para la reactivación, recuperación y adaptación a una nueva realidad.
El COVID-19 ha significado un enorme desafío, pero es también una oportunidad para aumentar la competitividad y para preparar mejor al país ante futuros choques. De acuerdo con el CPC, lograrlo implica un esfuerzo colectivo para, por un lado, profundizar avances impulsados por la pandemia y, por otro, hacer ajustes en temas pendientes y urgentes.
En el primer frente, la crisis le demostró al país que es posible avanzar en temas como transformación digital, acceso a los servicios de salud, y focalización y eficiencia del gasto público. Pero también visibilizó que se deben hacer ajustes urgentes en temas pendientes, para hacer más eficiente y equitativo al sistema tributario, reducir el empleo vulnerable y la informalidad laboral, sofisticar el tejido empresarial y desarrollar su vocación exportadora, garantizar el acceso a educación de calidad en todos los niveles, reducir la deforestación y mejorar la adaptación al cambio climático, entre otros.
“Avanzar en lo que podemos y debemos hacer para aumentar la competitividad requiere de esfuerzo colectivo”, enfatizó Rosario Córdoba. “Esto implica tomar decisiones y actuar en beneficio de todos por encima de intereses particulares: acompañar la adecuada respuesta a la crisis con la necesaria ejecución de reformas estructurales pendientes; construir confianza; comunicar en un lenguaje claro y cercano a los ciudadanos las implicaciones de no actuar ya; y romper las barreras de economía política que impiden la implementación de las reformas, a través de mecanismos de compensación y transición”.
La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los más vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes y a las minorías étnicas, y se estima que cerca de la mitad de la población colombiana caerá bajo la línea de pobreza monetaria como resultado de la crisis.
Por lo anterior, de acuerdo con el CPC “es necesario priorizar la agenda de cierre de brechas para avanzar hacia una sociedad más justa, con mayor equidad de oportunidades y movilidad social”. Por esta razón, el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021 recomienda combinar las necesarias medidas de corto plazo para asegurar ingresos, generar empleo y brindar liquidez a las empresas en el contexto de la pandemia, con acciones estructurales urgentes que le permitan a Colombia, por la vía de una mayor competitividad, estar mejor preparada para la próxima crisis. La recomendación es avanzar con urgencia en 8 temas prioritarios:
1. Estabilidad fiscal, para garantizar el equilibrio macroeconómico y contar con los recursos necesarios para proveer bienes y servicios públicos y atender las legítimas demandas sociales: reformar el estatuto tributario para cumplir con los principios constitucionales del sistema, aumentar el recaudo y permitir el urgente ajuste fiscal.
2. Oportunidades de empleo de calidad, para generar ingresos y reducir la pobreza: actualizar la legislación laboral, reducir los costos laborales no salariales, permitir las contribuciones a la seguridad social por el trabajo por horas, reformar el régimen de cesantías para que sirva de base para un seguro de desempleo, y diseñar e implementar una Política Nacional del Cuidado.
3. Protección a la vejez, para garantizar ingresos a la población mayor y hacer más progresivo el sistema de protección social: reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera, y consistencia entre el sistema y las nuevas condiciones demográficas.
4. Habilidades pertinentes, para aumentar la productividad laboral, promover la movilidad social y adaptarse a los desafíos de las nuevas economías y el cambio tecnológico: evaluar las pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros educativos y adelantar medidas de remediación y compensación, fortalecer los mecanismos de evaluación docente, y fomentar el diseño de programas educativos en la modalidad de educación dual para mejorar la pertinencia educativa.
5. Sostenibilidad ambiental, para prepararse y adaptarse adecuadamente al cambio climático y contar con una base de capital natural que soporte el crecimiento en el mediano plazo: facilitar la transición a una economía baja en carbono del aparato productivo, reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, y valorizar el capital natural.
6. Instituciones estables y fuertes, para garantizar el cumplimiento de reglas y acuerdos, combatir la corrupción y promover la cooperación entre individuos y la cohesión social: acelerar la transformación digital del Estado, continuar los avances para consolidar el Registro Social, poner en marcha el Sucop para centralizar los comentarios a los proyectos normativos publicados, y acelerar la implementación total y obligatoria del Secop II para compras públicas.
7. Conectividad e infraestructura con cobertura nacional, para conectar personas, mercados y regiones, y tener acceso a información y conocimiento: asegurar conectividad general de la población, extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso, monitorear el avance del Programa de Última Milla para dar acceso a internet en estratos bajos, y acelerar la ejecución de las vías terciarias.
8. Inserción a las cadenas globales de valor, para sofisticar el aparato productivo, favorecer al consumidor y aumentar el bienestar de las personas: revisar la protección comercial arancelaria y no arancelaria, y modernizar la política pública de libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y regulación pro competencia.
En palabras de Rosario Córdoba: “Un país más competitivo es un país más equitativo, sostenible y resiliente. Es el momento de avanzar unidos y con constancia para salir fortalecidos. No dejemos pasar la oportunidad”.
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