Es una crisis del empleo mucho más grave que la de 2008. Los más afectados son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con ingresos bajos.
La tasa de desempleo de la OCDE se redujo a 8.4% en mayo de 2020, después de que en abril se registrara un aumento sin precedentes de 3.0 puntos porcentuales, a 8.5%, la mayor tasa de desempleo en 10 años. En febrero de 2020 se ubicaba en 5.2%.
La cantidad de desempleados en la zona de la OCDE sumó 54.5 millones en mayo. La falta de variación entre abril y mayo es resultado de tendencias contrastantes. Por una parte, en Estados Unidos, al comenzar a reabrirse la economía, muchos trabajadores suspendidos reiniciaron labores, aunque a la vez otros despidos temporales se convertían en permanentes. Por otra parte, en muchos otros países el desempleo va en aumento o corre el riesgo de arraigarse.
De acuerdo con las Perspectivas del Empleo 2020 (OECD Employment Outlook 2020), incluso en el escenario más optimista de la evolución de la pandemia, la tasa de desempleo en toda la OCDE podría llegar a 9.4% en el cuarto trimestre de 2020, cifra que excede todos los picos desde la Gran Depresión. Se proyecta que en 2020 el empleo promedio será de 4.1% a 5% menor que en 2019. Se espera que la proporción de personas empleadas se mantenga por debajo de los niveles previos a la crisis incluso hasta finales de 2021.
El apoyo público inicial fue insólito en términos de magnitud y alcance, sobre todo con el aumento de programas de retención de empleos que permiten a los empleadores recortar las horas que sus empleados trabajan normalmente y al mismo tiempo recibir apoyo financiero por esas horas no trabajadas. En los países de la OCDE con información disponible, el total de horas trabajadas se desplomó, bajando 10 veces más rápido en los primeros tres meses de la crisis actual que en los primeros tres meses de la crisis financiera mundial de 2008.
En declaraciones previas a una mesa redonda ministerial virtual sobre inclusión y empleo para la recuperación —presidida por el Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones de España José Luis Escrivá—, el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, dijo: “A partir de la rápida y decisiva respuesta inicial a la crisis del COVID-19, ahora los países deberán hacer todo lo posible por evitar que esta crisis del empleo se transforme en una crisis social a gran escala. Es preciso que las políticas macroeconómicas sigan siendo solidarias a lo largo de la crisis para minimizar el riesgo de afrontar una recesión prolongada y una generación perdida de jóvenes cuyas perspectivas laborales resulten lesionadas de manera duradera. Mientras tanto, la reconstrucción de un mercado laboral mejor y más resiliente implica una inversión esencial en el futuro de las nuevas generaciones”.
Las personas con ingresos bajos son quienes pagan el precio más alto. Durante el confinamiento, los trabajadores mejor pagados tenían en promedio 50% más probabilidades de trabajar desde casa que aquellos con sueldos menores. Al mismo tiempo, los trabajadores con ingresos bajos tenían dos veces más probabilidades de dejar de laborar por completo, en comparación con sus pares con mayores ingresos.
Las mujeres han resultado más perjudicadas que los hombres, ya que muchas de ellas trabajan en los sectores más afectados y en grado desproporcionado tienen empleos precarios. Los trabajadores autónomos y aquellos con contratos temporales o de tiempo parcial se vieron particularmente expuestos a pérdidas de empleo y de ingresos. Los jóvenes egresados de las escuelas o universidades tendrán dificultades para encontrar empleo y corren el riesgo de sufrir daños de largo plazo en su potencial de ingresos.
En las Perspectivas se presentan una serie de recomendaciones para que los países centren sus esfuerzos en ayudar a las personas y a las empresas a superar la crisis y reducir los efectos de largo plazo.
En el corto plazo, el apoyo constante para algunos sectores todavía afectados por las medidas de contención sigue siendo fundamental para proteger los empleos y el bienestar. Pero es importante dirigir el apoyo a quienes más lo necesitan y a la vez brindar alicientes para volver a trabajar de manera segura a quienes pueden hacerlo y apoyar a las empresas para que contraten nuevos trabajadores. Esto resulta crucial para evitar las secuelas de un desempleo y una inactividad prolongados. Las empresas, en especial las pequeñas, necesitarán apoyo para implantar prácticas de salud y seguridad en el sitio de trabajo.
Puesto que las perspectivas de encontrar un nuevo empleo con rapidez son aún muy escasas para muchos, algunos países deberán ampliar la vigencia de los beneficios de desempleo para impedir que los buscadores de empleo se deslicen con demasiada rapidez a beneficios de ingreso mínimo mucho menos generosos. El apoyo de emergencia a los autoempleados deberá también reevaluarse para mejorar la focalización, restituir los incentivos y garantizar la equidad.
En el mediano plazo, es recomendable que los países atiendan las brechas estructurales en las disposiciones de protección social que la crisis dejó al descubierto. Esto implicará reforzar el apoyo en ingresos adecuado para todos los trabajadores, incluso los autoempleados, los de tiempo parcial y otros trabajadores atípicos.
Las empresas deberán también retribuir la confianza que los gobiernos mostraron en ellos durante la etapa de emergencia de la crisis del COVID-19 al retener a sus empleados en la medida de lo posible e invertir en sus habilidades. Para asegurarse de que nadie se quede atrás en la recuperación, es fundamental brindar apoyo para la educación y formación profesionales, así como aprovechar el diálogo social y la negociación colectiva para reforzar la resiliencia del mercado laboral.
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