La OIT presentó hoy un análisis de las respuestas a corto plazo que los países de América Latina han puesto en marcha en materia de salud, para atender la emergencia por la COVID-19.
El informe de OIT caracteriza a los sistemas de salud en la región como fuertemente segmentados, con derechos fragmentados para el acceso a las prestaciones de salud que la población requiere. “Las brechas de cobertura y de calidad de los servicios entre los afiliados a la seguridad social contributiva y el resto de la población son todavía muy importantes en estos países”, sostiene Pablo Casalí, especialista de Protección Social de la Oficina de OIT para los Países Andinos.
Aunque se reconoce la heterogeneidad de los sistemas en cada país, la OIT distingue algunos rasgos comunes característicos de la región. El más importante de estos, dice el informe, “es que se trata de sistemas organizados en diferentes segmentos y esto da como resultado una importante e injustificada fragmentación en el acceso a derechos a la cobertura y a los servicios”.
Ese rasgo, sumado a la baja prioridad del gasto público en salud y a los problemas de eficiencia en general, se traduce en importantes gastos de bolsillo en los que la población debe incurrir para acceder a servicios de salud o a medicamentos, una clara muestra de la inequidad en los sistemas. También se destaca la baja dotación de recursos humanos y físicos que caracteriza a los sistemas de salud en la región.
En el informe se analizan comparativamente los diferentes grados de fragmentación de los sistemas de salud en América Latina. De acuerdo al informe, Brasil es el caso más relevante en cuanto a sistemas sin seguros de salud contributivos obligatorios; y Costa Rica es el caso más claro y tradicional de coordinación entre las fuentes de financiamiento contributivas y de rentas generales para un sistema de cobertura universal homogéneo, donde no existe fragmentación de derechos.
Países como Uruguay y Colombia habían avanzado ya, antes de la pandemia, en importantes reformas para eliminar esa fragmentación y, con ello, las brechas de cobertura entre los afiliados a la seguridad social contributiva y el resto de la población. Perú, Bolivia, Ecuador y México habían anunciado reformas en ese mismo sentido, aunque los avances no son tan relevantes como en el caso anterior.
En el otro extremo, el informe reseña el caso de Chile, donde las reformas realizadas tienden a consolidar la brecha o fragmentación entre seguros contributivos y no contributivos. Y, en algunos países como Argentina, aunque se determinó la cobertura efectiva de la totalidad de la población, los cambios derivaron en un mayor grado de divergencia y el sistema presenta hoy serios problemas de equidad.
“La irrupción de la pandemia por COVID-19 ha hecho que los países se replanteen la prioridad que tenían los sistemas de salud al interior de cada país”, sostiene Pablo Casalí, coautor del informe.
Las medidas de política que se tuvieron que implementar en esta etapa de emergencia han sido bastante similares en toda la región. Entre ellas: el predominio de la política sanitaria dentro de las agendas gubernamentales y de los presupuestos públicos, el fortalecimiento de la rectoría de los ministerios de Salud, la incorporación de incentivos al personal sanitario, la gestión centralizada de la infraestructura hospitalaria, la acelerada incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los servicios de salud, el apoyo financiero a la seguridad social, las transferencias en especie a grupos vulnerables y los planes de financiamiento y adquisición de vacunas.
“Ahora toca pensar más allá de la crisis actual y definir qué rutas de reforma de largo plazo permitirán alcanzar el acceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad, con mecanismos de financiamiento solidarios y sustentables”, dijo Casalí. “Pasada la emergencia, desaparecerán poco a poco algunas de las medidas que hemos mencionado antes, pero algunos de los elementos que hemos visto deberían permanecer y constituir la base de cambios más permanentes”, recomendó el especialista.
Entre los cambios que deberán asentarse en los sistemas de salud, la OIT destaca: la revalorización de la política pública -en especial la rectoría de los ministerios de Salud-, y la incorporación de TIC en los servicios de salud.
“No existe una ruta ideal de reformas. Cada país debe asumir el sendero que corresponda, considerando el espacio fiscal que la crisis permita y haciendo el uso más eficiente posible de los recursos escasos, para avanzar hacia políticas de protección social que garanticen la cobertura y acceso universales a los servicios de salud”, concluye la OIT.
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