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Foto del escritorAlfonso Aya

Piden evitar golpe a clase media con el Plan de Desarrollo


José Daniel López, Representante a la Cámara por Bogotá, hace un llamado al Gobierno Nacional a reconsiderar algunas propuestas y ponerlas en línea con su propósito de generar equidad.



El Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, del Gobierno Duque, incluye tres propuestas que afectan mayoritariamente a la clase media colombiana en temas fundamentales para su movilidad social: vivienda, educación y servicios básicos.


1. Cobro de seguridad social para quienes reciben ingresos por renta

El artículo 140 incluye un párrafo que obliga a todos los rentistas de capital y a los trabajadores con contratos diferentes a prestación de servicios personales, a cotizar sobre una base mínima del 55% del valor de los ingresos que reciben, siempre que estos sean iguales o superiores a un salario minimo legal vigente.

Actualmente 5 millones de familias colombianas viven en arriendo, de las cuales solo el 15% lo hacen a través de un contrato formal. “Esta propuesta terminará incentivando el aumento de contratos informales, o llevará a los arrendatarios a trasladar el nuevo costo a sus inquilinos a través de un incremento del canon de arrendamiento. Afectando gravemente la estabilidad económica de las familias de clase media del país, si se tiene en cuenta que 7 de cada 10 viviendas en arriendo se localizan en los estratos dos y tres”, afirma José Daniel López, Representante a la Cámara por Bogotá.

Por otro lado, esta propuesta afecta las inversiones en capital como alternativa para generar ingresos o para garantizar una fuente de recursos a futuro. En términos prácticos, si un trabajador independiente tomó sus ahorros de varios años de trabajo para invertirlos en la compra de un bien raíz y posteriormente rentarlo, y hoy recibe por concepto de arrendamiento $1.000.000 al mes para vivir, con esta propuesta deberá pagar $162.000 de seguridad social obligatoria, y recibirá netos $837.000.


2. Eliminación de focalización de subsidios del ICETEX

El PND elimina el Artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, orientado a la focalización de subsidios a los créditos del ICETEX, e incluye los artículos 110 y 111 que no resuelven los problemas estructurales de la Entidad y dejan sin definir cómo se van a priorizar los denominados "apoyos" para el pago de matrícula.

Según cifras del ICETEX, el 94% de los créditos van a personas de estratos 1, 2 y 3; y el 17% de las nuevas becas que se han otorgado en los últimos años han beneficiado a población vulnerable: 8.736 estudiantes, 69% de grupos étnicos, 21% de víctimas, 8% miembros de la red unidos y 2% de personas con discapacidad.

“Actualmente los créditos están beneficiando a la población que requiere apoyo. Si bien la forma en la que se liquidan los subsidios del ICETEX debe mejorar, el enfoque actual se concentra en un población que tiene más barreras para acceder a la posibilidad de educación superior y de acceso a créditos. Al eliminar el enfoque actual, el PND le está quitando al Estado la obligación que tiene de dirigir los recursos de la educación a la población que más los necesita”, afirma López.


3. Desmonte del subsidio al servicio de agua, energía y gas para el estrato tres

El artículo 179 del PND modifica el numeral 99.6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, eliminando el subsidio del 15% para los servicios de agua, energía y gas en el estrato tres. Afectando, según las más recientes cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 2.888.276 familias de estrato tres que tienen servicio de energía, a 1´556.110 que cuentan con servicio de gas y a 1´908.201 que tienen servicio de acueducto.

El pago solidario para cubrir las necesidades básicas es un deber ciudadano consagrado en la Constitución. Según el artículo 95 es un deber contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.

“Teniendo en cuenta el nombre del PND 2019 - 2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, hace falta alinear las propuestas y propender realmente por favorecer a quienes ganan menos, sobre todo en un país donde el promedio de los hogares colombianos utiliza la mayoría de sus ingresos, el 28,7%, en el pago de alojamiento y servicios públicos”.

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