El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, anunció que el nuevo Decreto expedido por el Gobierno Nacional sobre el aislamiento preventivo obligatorio incluye una excepción a los trámites de licenciamiento ambiental y de consulta previa suspendidos por la pandemia del COVID-19, por lo que, próximamente, se podrán reactivar estos procesos de manera semipresencial y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos.
El anuncio lo hizo durante un conversatorio virtual convocado por la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en el cual señaló que el sector minero energético impulsará la reactivación sostenible, generando inversión y empleo, al tiempo se siguen adoptando las medidas necesarias en el país para prevenir una mayor velocidad de propagación del coronavirus.
“Se habían generado retrasos por la suspensión de trámites de licenciamiento ambiental y de consulta previa debido a la emergencia del COVID-19. El Decreto 990 de 2020 incluye la excepción que permite resolver este cuello de botella, dada la importancia del sector minero-energético como parte esencial de la reactivación económica”, explicó el ministro Mesa.
Agregó que el Ministerio de Minas viene trabajando de la mano con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y otras entidades del Gobierno Nacional que velan por la protección de las comunidads y el medio ambiente en el desarrollo de los proyectos minero-energéticos.
Otro proyecto de Decreto que se encuentra en etapa de comentarios, y está previsto para firmarse el próximo mes, busca eliminar el acaparamiento en los puntos de conexión a la red, puesto que, representa un problema para la entrada de proyectos de energías renovables no convencionales.
“Somos conscientes que ese era un problema que había envejecido mal en el sector, por eso, expedimos un proyecto de decreto para hacer mucho más ágil la conexión a la red, evitar la acaparación y lograr que el sistema funcione con proyectos reales, no los de papel; inclusive, va a traer penalizaciones para las empresas que hagan un mal uso de sus conexiones. Esperamos dejarlo en firme en agosto”, aseguró el funcionario.
En cuanto al cierre de Bioenergy, el funcionario señaló que aún están analizando cuál va a ser el impacto real, dado que es un tema más de carácter comercial que de política pública. En este sentido, el Ministro señaló que, apoya completamente la producción de biocombustibles y como muestra de ello están los primeros actos administrativos que firmó tras su posesión.
Uno de ellos es el de mezclas voluntarias para el transporte de carga en biodiesel que autoriza programas de una mayor mezcla, pues en este momento fija un límite del 10%, y ya hay solicitudes para implementar dichos programas por parte de Transmilenio, Coordinadora Mercantil y la Asociación de Volqueteros de Antioquia.
El otro acto administrativo que firmó fue la resolución de cero y bajas emisiones, dado que, en el Plan Nacional de Desarrollo estaba contemplado reglamentar esos energéticos de cero y bajas emisiones para los planes de movilidad de transporte masivo en los municipios. “En esta resolución entró no solamente el hidrógeno y la electricidad; también, mezclas como gasolina con etanol, que servirán como un impulso adicional”, dijo.
Sobre los yacimientos no convencionales el Ministro dijo que, tras convocar a una comisión de expertos, se determinó adelantar los Proyectos Piloto de Investigación Integral , los cuales incluyen el fortalecimiento institucional, la gestión del conocimiento, la transparencia y acceso a la información pública y la participación de las comunidades, entre otros aspectos.
Como parte de la reglamentación de los PPII se expidió un decreto el pasado 31 de enero con todo el marco regulatorio general y también quedó en firme el acto administrativo expedido por el Ministerio de Minas y Energía que regula dichos pilotos, desde el punto de vista técnico.
Además, ya se publicaron para comentarios los términos de referencia ambientales por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la resolución con los lineamientos desde el punto de vista social por parte del Ministerio del Interior; y el acuerdo para los mecanismos contractuales, por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Y es que, según el funcionario, el país tiene un gran potencial en la medida que podría pasar de tener 6.3 años de reservas petroleras a entre 8 y 22 años; y en gas hasta 35 y 50 años, lo cual generaría un incremento del 50% en la producción actual, más de 65 mil empleos, y un impacto en el crecimiento del PIB de cerca del 10% y del 40% en la inversión extranjera directa.
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